La Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas fue adoptada en Nueva York
el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61
de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Esta declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de
la OIT y a la Convención 107.
Carácter
Aunque una declaración de la Asamblea
General no es un instrumento coercitivo del derecho internacional, sí representa el
desarrollo internacional de las normas legales y refleja el compromiso de la Organización de Naciones Unidas y los
estados miembros. Para la ONU es un marco importante para el tratamiento de los
pueblos indígenas del mundo y será
indudablemente una herramienta significativa hacia la eliminación de las
violaciones de los derechos humanos contra 370 millones de indígenas
en el mundo y para apoyarlos en su lucha contra la discriminación.1
Contenido
La Declaración precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente
sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura,
identidad y lengua,
al empleo,
la salud,
la educación
y a determinar libremente su condición política
y su desarrollo económico.
Enfatiza en el derecho de los pueblos
indígenas a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y
tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias
necesidades y aspiraciones; prohíbe la discriminación contra los indígenas y
promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les
conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia
visión económica y social.2
Negociaciones y
ratificación
La Declaración fue el resultado de más de
22 años de elaboraciones y debates. La idea se originó en 1982 cuando el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas estableció su Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas, como resultado del estudio del relator
especial José R. Martínez Cobo
sobre el problema de la discriminación sufrida por los indígenas. Con
la tarea de fomentar la protección de los derechos humanos de los indígenas, en
1985 el grupo de trabajo
comenzó a elaborar el bosquejo de una Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, que culminó con un la presentación de un borrador en 1993, el cual fue sometido
a la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de
Minorías, que le dio su aprobación al año siguiente.
El borrador de la Declaración fue entonces
enviado a la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual estableció otro
Grupo de Trabajo para analizarlo. Ese grupo se reunió 11 veces para examinar y
afinar el texto y sus disposiciones. El progreso fue lento porque varios
gobierno expresaron variadas reservas sobre el derecho a la autodeterminación y sobre el
control de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales en sus territorios.3 La
versión final de la declaración fue adoptada el 29 de junio de 2006 por los integrantes
del Consejo de Derechos Humanos (sucesor de la
Comisión de Derechos Humanos), por 30 votos a favor, 2 en contra, 12
abstenciones y 3 ausencias.4
Posteriormente la Declaración no alcanzó
el consenso necesario para ser adoptada por la Asamblea General, principalmente
por las preocupaciones de algunos países africanos. Una iniciativa de consulta
impulsada por México,
Perú y Guatemala
con estos países, consiguió su apoyo (con excepción de tres, que se
abstuvieron), pero a cambio de la inclusión de nueve enmiendas, entre otras una
que aclara que nada en la Declaración se interpretará "en el sentido de
que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar,
total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados
soberanos e independientes". Las enmiendas fueron incluidas sin consultar
a los representantes indígenas, y no contaron con su acuerdo,5 por lo
que organizaciones indígenas de diferentes países expresaron su enérgica
protesta;6 pero a
pesar de ello, el Caucus Indígena en la ONU decidió mantener su apoyo a
la adopción de la Declaración.5
En la Asamblea General, 143 países votaron
a favor,7 4 en
contra (Australia,
Canadá,
Nueva Zelanda
y Estados Unidos)
y hubo 11 abstenciones (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan,
Burundi,
Colombia,
Georgia,
Kenya, Nigeria,
Rusia, Samoa y Ucrania);
34 estados se no estuvieron presentes en la votación.8
Controversia
Los cuatro gobiernos que votaron en contra
– todos anglófono
y antiguos integrantes del Imperio Británico, con significativa población aborigen,
expresaron serias reservas al texto final de la declaración.
La delegación de Australia
se manifestó contra el mantenimiento de los sistemas jurídicos tradicionales
indígenas, y consideró que "debe haber solamente una ley para todos los
australianos y no debemos mantener como reliquia prácticas legales que no son
aceptables en el mundo moderno."9
Canadá
fue más allá y dijo que aunque apoya "el espíritu de la declaración, ella
contiene aspectos "fundamentalmente incompatibles con la Constitución del
Canadá"9 y
señaló en particular el artículo 19, que requiere que los gobiernos celebren
consultas con los indígenas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y
administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e
informado; y el artículos 26 y que podría permitir reclamaciones sobre los territorios indígenas históricos. Algunos
funcionarios describieron el documento como "irrealizable en una
democracia occidental bajo gobierno constitucional".10
Nueva Zelanda
consideró que hay cuatro artículos que no puede aceptar y en particular
mencionó que el artículo 26 parece requerir el reconocimiento de las derechos
indígenas a tierras ahora poseídas legalmente por otros ciudadanos, lo cual
según el gobierno "no hace caso de realidad contemporánea y sería
imposible poner en ejecución".11
El portavoz de Estados Unidos,
Benjamín Chang se justificó diciendo que
"lo que se hizo no está claro. El camino está ahora sujeto a múltiples
interpretaciones y no se estableció un principio universal claro." La
delegación estadounidense publicó el documento "Observations of the
United States with respect to the Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples", que especifica las objeciones de su gobierno muchas de las
cuales están basadas en los mismos puntos que las de los otros tres países,
pero se enfatiza en que según el gobierno estadounidense la Declaración no
tiene una clara definición del concepto de "pueblos indígenas"
ni de lo que exactamente intenta abarcar.12
En contraste con lo afirmado por estos
cuatro gobiernos, muchos otros países y los altos funcionarios de Naciones
Unidas expresaron su satisfacción por la adopción de la Declaración. El Secretario General de Naciones Unidas
Ban Ki-Moon
afirmó que se trata de "un momento histórico en que los estados
integrantes de la ONU y los pueblos indígenas se han reconciliado tras una
penosa historia y han resuelto avanzar juntos en la trayectoria de derechos
humanos, de la justicia y del desarrollo para todos." Louise Arbour,
la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos, ciudadana canadiense, expresó su
satisfacción porque el trabajo duro y la perseverancia finalmente "han
dado fruto en la Declaración más comprehensive de los derechos de los pueblos
indígenas, hasta la fecha".2
Igualmente, las noticias sobre la adopción de la Declaración fue recibida con
júbilo en África13 y el
delegado de Bolivia,
el Ministro de Relaciones Exteriores David Choque huanca dijo que espera que los
gobiernos que han votado en contra o se han abstenido, reconsideren su rechazo
y apoyen el documento, que la describió, como tan importante como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.14
En marzo de 2010 Australia anunció su
adhesión a la Declaración. Le seguía Nueva Zelanda, tras oponerse a ella
durante tres años. En noviembre de 2010 el Gobierno canadiense anunció su apoyo
y, finalmente, en diciembre de ese mismo año Estados Unidos confirmó que se
adherirían a la Declaración. Obama anunció este giro político durante la
apertura de la Conferencia de Naciones Tribales de la Casa Blanca: “Lo que
importa mucho más que las palabras, lo que importa mucho más que cualquier
resolución o declaración, son hechos que se correspondan con esas palabras”,
añadió el presidente.15